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Entrevista:
“En todos los asuntos, el Derecho
debe ser siempre la quilla de la nave”

Hablamos con Alfonso Pérez Moreno Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Titular del Bufete Pérez Moreno (Abogados).

Discípulo de D. Manuel Clavero, D. Alfonso Pérez Moreno es uno de los principales nombres propios del Derecho Administrativo en el ámbito andaluz y nacional. Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario en la Universidad de Sevilla y Doctor Sobresaliente “cum laude”, además de crear su propio bufete ha centrado buena parte de su carrera profesional a labores docentes, obteniendo siempre por oposición los puestos de profesorado intermedio hasta obtener el de Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Sevilla, en cuya Universidad fue secretario general y Director de su departamento. Miembro de las asociaciones internacionales más representativas del sector y autor de numerosos libros, artículos, estudios y anteproyectos de ley, hoy nos acercamos hasta él para conocer la actividad que desarrolla a diario en su bufete y su especialización.



Profesor, su despacho es uno de los bufetes de referencia en Derecho Administrativo, sobre todo en el ámbito andaluz ¿En qué actividad se centra su labor?
Nuestro bufete, en marcha desde principios de los años 80, nació como un despacho de estudio de praxis integrado por profesores e investigadores de Derecho Administrativo, un ámbito del Derecho que, dicho sea de paso, se ha ampliado tanto con el paso del tiempo que algunas de sus ramas, como el Derecho Urbanístico o el Derecho Ambiental, han adquirido ya autonomía propia.
Nuestra actividad se centra principalmente en tres áreas: el dictamen o estudio de situaciones y de conflictos en el ámbito del Derecho Administrativo, que es nuestra especialización; la actividad puramente procesal, llevando recursos contencioso administrativos; y la elaboración de proyectos de ley y de normativas, la contribución al desarrollo de nuevos marcos legales, así como el asesoramiento a equipos de planificación urbanística y la reordenación del territorio.

El Derecho Administrativo abarca mucho... ¿requiere contar con un equipo multidisciplinar?
Con un equipo multidisciplinar y muy especializado, sobre todo en el área de urbanismo y ordenación del territorio, en temas por ejemplo relacionados con expropiaciones forzosas, una materia en la que se dan muchos cambios normativos de los que hay que estar al día. La especialización es importante para nosotros además porque seguimos una metodología de trabajo integrativa, que no se ciñe a los aspectos exclusivamente jurídicos. Tenemos en cuenta otras cuestiones, atendiendo por ejemplo muy especialmente a las perspectivas técnicas del problema, y para ello colaboramos con arquitectos, ingenieros y demás profesionales que pudieran aportar sus conocimientos en los asuntos que tratamos. No tomamos nunca una decisión jurídica sin que haya un agotamiento técnico del caso. Contar con los profesionales idóneos en cada momento es nuestra principal fuerza dinamizadora y unos de nuestros principales valores como bufete.

Por lo que explica, el urbanismo y la reordenación del territorio son dos de sus grandes áreas de trabajo...
Sí. Tenemos experiencia en multitud de casos, todos ellos con sus peculiaridades, que se enmarcan efectivamente en materia de urbanismo. Más concretamente, en el sector privado, atendemos a cualquier particular o empresa que se esté viendo afectada por una expropiación; así como a clientes que proyecten cualquier tipo de actuación urbanística.
Y cuando hablo de expropiaciones hablo de casos que a veces tienen un elevado alcance, como fue el caso relacionado con la ampliación del Parque Nacional de Doñana, que generó conflictos de mucha trascendencia; o la expropiación por parte de un Ayuntamiento a todas las empresas de un determinado polígono industrial para una posterior subasta de terrenos que sólo conlleva especulación. En el sector público, atendemos tanto a Ayuntamientos como a Comunidades Autónomas, en la elaboración de dictámenes, de proyectos relacionados por ejemplo con nuevas infraestructuras, así como en un tema concreto que se da con mucha frecuencia: la alteración de términos municipales, ya sea por segregación, por nueva creación o incluso por fusión). También España es de una gran conflictividad en temas interadministrativos, en decidir quién hace qué, casos en los que entran en conflicto por ejemplo las decisiones de un Ayuntamiento respecto a la declaración de una zona como urbanizable y la posterior prohibición por parte de la consejería de obras públicas de la correspondiente Comunidad Autónoma.

También el Derecho del Medio Ambiente debe aportarle muchos casos...
Numerosos e igualmente muy diversos y algunos muy complejos. En el bufete llevamos por ejemplo casos de conflicto entre la legislación de medio ambiente y la industria, adaptación de las empresas a las nuevas normativas, problemas de vertidos tóxicos y, por supuesto, casos que enmarcaría en lo que denominamos derecho ambiental moderno, que son los relacionados con las centrales de producción eléctrica, instalaciones de parques eólicos, creación de nuevas infraestructuras viarias cuando afectan determinado tipo de entornos... hay mucho trabajo en materia de Derecho cuando se trata del medio ambiente. Tengamos en cuenta la legislación reciente del impacto ambiental estratégico (abril 2006), que obliga no sólo a realizar un estudio de sostenibilidad de los proyectos, previo a su desarrollo, sino que posteriormente también hay que someter dicho proyecto a una evaluación de impacto ambiental. También tienen especial relevancia los casos relacionados con el Derecho del Agua, ámbito en el que somos igualmente especialistas, y en el que tratamos problemas de limitación de cultivos o en los que entra en juego una redefinición de la función económico-social del agua.

¿El Derecho debe ser siempre el punto de partida de un proyecto?
Los aspectos legales deben tenerse en cuenta, efectivamente, desde el principio. Yo suelo decir que el Derecho es la quilla de la nave, lo que ensambla todos los elementos. La Ley es el primer referente obligado en cualquier asunto que se trate. Y debe ser necesariamente así porque, si no, después pueden venir problemas muy importantes, como la anulación por parte de los Tribunales de un proyecto que ya esté en marcha. Siempre hay que tener en cuenta la ordenación jurídica de los asuntos. Por eso nuestro trabajo no se trata de ejercer una abogacía genérica, sino más bien de una abogacía artesana, con gran capacidad de coordinación, de actualización de conceptos y de equipos especializados.

Foro de Estudios de Derecho Administrativo, FEDA
Un punto de encuentro para la investigación y el conocimiento

Explica el Profesor Alfonso Pérez Moreno, director y fundador del Foro de Estudios de Derecho Administrativo, FEDA, que “la imagen de la legislación administrativa como legislación motorizada del S. XX está siendo superada por la de legislación supersónica del S. XXI”
La indagación de la norma –continua el profesor- se ha convertido en el primer reto de la aplicación del Derecho. Conocer las disposiciones vigentes obliga a entrar en un denso bosque normativo utilizando todos los caminos de la búsqueda entre la multiplicidad y la complejidad.
Los senderos de la tipología de normas –asegura- se cruzan con los de los títulos de competencias legislativas, con los de los ámbitos abiertos a los desarrollos normativos y los de las intensidades de los preceptos. Es un bosque vivo donde no cesan las talas, las reforestaciones, los injertos, las plagas, los incendios… Derogaciones, expresas o implícitas, cambios de rango, sentencias constitucionales interpretativas o anulatorias…
Las herramientas informáticas –afirma- son útiles en las indagaciones de tan sensibles y frecuentes modificaciones normativas pero no es suficiente con el simple saber técnico, hay que aplicar los saberes fronéticos, y a veces, incluso los noéticos. También los expertos discuten.
Sobre esta base, y en el marco del Bufete Pérez Moreno de Sevilla, se crea el Foro de Estudios de Derecho Administrativo. Nace con vocación de servicio, para acompañar a los aplicadores del Derecho en la fase de indagación y ser, al menos, un catalizador en el conocimiento del Derecho Administrativo.

Foros especializados
Desde su creación, en 2005, FEDA ha sido marco de interesantes encuentros en los que se ha debatido y compartido información sobre temas de interés principal en el ámbito del Derecho Administrativo.
Así, se han celebrado sesiones sobre las nuevas leyes administrativas, o sobre Derecho Urbanístico, en las que se han tratado temas como la ordenación del territorio y el medio ambiente, el impacto ambiental en los Planes de ordenación territorial y urbanismo, la jurisprudencia urbanística, la expropiación y el urbanismo y el planeamiento urbanístico en general.
También sobre la Ley General de Subvenciones, foro en el que se explicó con detalle el ámbito de aplicación de dicha Ley, así como las infracciones y sanciones en materia de subvenciones, en torno al delito de fraude de subvenciones; y sobre la legislación del ruido, foro centrado en el derecho comunitario y las normativas municipales y legislación autonómica sobre contaminación acústica.

La Ley de Suelo,
protagonista del último FEDA

Celebrado los pasados días 14, 15, 21 y 22 de junio, el último FEDA, organizado bajo el título “Innovaciones en la legislación urbanística, de medio ambiente y de energías renovables”, estuvo en buena medida centrado en la nueva Ley de Suelo.
Aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el PP y en vigor desde el 1 de julio de 2007, la norma sustituye la Ley del Régimen del Suelo de 1998 y está llamada, en palabras del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “a frenar la corrupción urbanística, contra la que luchará radicalmente y a acabar con una etapa en la que el precio de la vivienda ha crecido de manera desorbitada”.
Por su parte, la Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha destacado que “esta Ley asentará las políticas urbanas sobre principios como el de sostenibilidad, sometiendo los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a evaluación medioambiental y estableciendo criterios básicos de utilización del suelo como la accesibilidad universal, la eficiencia energética, prevención y protección contra la contaminación o garantía de suministro de agua”. Asimismo, ha manifestado el compromiso del Gobierno por acabar con el urbanismo descontrolado: "este tipo de urbanismo debe ser combatido por todos para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda digna y a un entorno medioambiental y socialmente sostenible".
Preguntado al respecto de Ley, Alfonso Pérez Moreno, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y Director de FEDA, opina que “la nueva Ley del Suelo del Estado plantea cuestiones importantes pero crea la inquietud sobre si produce expropiación ex lege que debería indemnizar el Estado, al introducir un método valorativo del novedoso y ampliado suelo rural que define, método que minora los precios pagados por la adquisición del suelo antes cotizado como urbanizable o con expectativas, que ahora la Ley prohíbe.”


La Ley de Suelo, Principales medidas
- La Ley de Suelo plantea, por primera vez, en la legislación estatal sobre el suelo, la necesidad de un desarrollo sostenible que garantice la conciliación del desarrollo económico con la calidad medioambiental y la cohesión social.
- Establece unos principios básicos de sostenibilidad que habrán de ser tenidos en cuenta, tanto por las legislaciones urbanísticas, como por los instrumentos de planeamiento, sea éste territorial o urbanístico: accesibilidad universal, igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, eficiencia energética, garantía de suministro de agua, prevención de riesgos, movilidad, prevención de la contaminación y limitación de sus efectos para la salud o el medio ambiente.
- La Ley establece también medidas concretas en este sentido, directamente aplicables a los planes urbanísticos que elaboran, tramitan, aprueban y ejecutan los Ayuntamientos:
. la obligatoriedad de la evaluación ambiental de los planes
. la exigencia de recabar en la tramitación de los mismos determinados informes que tendrán carácter determinante para el contenido de la Memoria Ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.
. la exigencia de una Memoria de sostenibilidad económica que tenga en cuenta el impacto en las Haciendas Públicas y en el coste de mantenimiento de las infraestructuras.
. la necesidad de una revisión global del planeamiento cuando el impacto de una actuación de urbanización (o de varias sucesivas) supere el 20%.
- La Ley garantizará la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda protegida, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a todas las capas sociales, exigiendo no sólo la reserva de un mínimo del 30% de suelo en los nuevos desarrollos residenciales, sino también garantizando el destino de este suelo así reservado, impidiendo, por ejemplo, su venta para otras finalidades.
- La Ley fomentará la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de transformación del suelo -con medidas efectivas entre las que están, por ejemplo, la obligatoriedad de información pública en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, incluidos los Convenios, la inclusión de un resumen ejecutivo de las alteraciones que se proponen (para que el ciudadano entienda lo que se pretende) y la publicidad en Internet de los citados instrumentos.
- La Ley dificultará actuaciones especulativas o corruptas, constituyendo un instrumento importante para la lucha que el Gobierno ha planteado contra la corrupción urbanística. Para esto último, se establecen -en primer lugar- unos nuevos criterios de valoración del suelo que contemplan la situación real de los terrenos, indemnizando el riesgo y la inversión en su caso realizada, pero no las meras expectativas generadas por las previsiones de los planes; pero también se adoptan otras medidas como son la regulación de los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales o la obligatoriedad de identificar a los propietarios (a lo largo de los últimos cinco años) de un suelo cuya recalificación comporte plusvalías importantes.